"No se puede hablar de reducir plazas legales sin eliminar antes las ilegales"

Mejora del Destino

El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, detalla el plan de inspección intensiva contra el alquiler sin licencia en Mallorca.

José Marcial Rodríguez, conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca desde 2023, lidera una reestructuración del modelo turístico de la isla. Su objetivo: orden, sostenibilidad y convivencia. En esta entrevista, detalla las claves del plan de inspección intensiva contra la oferta turística ilegal, reforzado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible y con la colaboración de plataformas, ayuntamientos y ciudadanía.

¿Cómo describiría la situación actual en Mallorca respecto a la oferta turística ilegal?


Desde que llegamos pusimos en marcha un plan con cuatro ejes: acuerdos con plataformas digitales, reestructuración del servicio de inspección y sanción, colaboración con los municipios y coordinación con la Agencia Tributaria. Hemos dividido la inspección en dos equipos: uno controla la oferta reglada que puede cometer irregularidades y el otro se centra exclusivamente en la oferta sin ningún tipo de título administrativo.


¿Qué papel ha jugado el Impuesto de Turismo Sostenible en este plan?


Ha sido clave. Gracias a él disponemos de 4 millones de euros para 2025, 2026 y 2027. Con esos fondos hemos reforzado el equipo con diez inspectores más —hasta llegar a 30—, técnicos jurídicos, administrativos y un informático. También hemos modernizado el trabajo con tablets, software y programas para agilizar las sanciones. Además, se han duplicado las sanciones, que ahora alcanzan hasta 80.000 euros. Y todo esto es necesario porque detectamos que entre un 35% y un 40% de los anuncios en plataformas corresponden a oferta ilegal.


¿Qué avances concretos han conseguido con las plataformas y otras instituciones?


El primer gran paso es el acuerdo con Airbnb: a partir del 15 de octubre desaparecerán los anuncios que no estén en nuestra base de datos. Con la Agencia Tributaria cruzamos información para que las actas estén muy bien documentadas y resistan cualquier recurso. Y con el Ayuntamiento de Palma ya hemos empezado a trabajar junto a la Policía Local. El objetivo es extender este modelo al resto de municipios.


¿Cuál es el objetivo central del plan?


Retirar oferta ilegal del mercado. Lo hacemos de varias maneras: eliminando anuncios, mejorando la eficacia de la administración y colaborando con ayuntamientos y Agencia Tributaria. Se trata de enviar un mensaje claro de disuasión: ya no se puede campar a sus anchas. Solo eliminando las plazas fuera de ordenación podremos mejorar la oferta legal y exigirle más calidad, lo que permitirá segmentar mejor el mercado y atraer un turismo más responsable.


¿Por qué es tan importante combatir la oferta ilegal?


Porque distorsiona todo. Hoy muchos problemas sociales se achacan al turismo: vivienda, consumo de territorio, movilidad… y gran parte de esa percepción negativa viene de la oferta sin licencia. Mallorca no tiene un problema de demanda, sino de gestión de la oferta. Si eliminamos lo ilegal, podremos ordenar lo legal, mejorar la convivencia entre residentes y visitantes, y proteger la isla como lugar para vivir y como destino turístico.


¿Qué dificultades se encuentran en la práctica?


Varias. La detección ha mejorado mucho, pero los procedimientos administrativos son largos. Por eso hemos introducido medidas como activar el cese inmediato de la actividad ilegal. Otro reto es que quienes operan en la ilegalidad son muy rápidos: cambian los anuncios de horario para esquivar controles. Ahora ya no les resulta tan fácil porque rastreamos plataformas cada mes. También hemos unificado servicios que antes estaban dispersos, lo que nos da más eficacia y agilidad.


Este verano se habló de 3.000 inspecciones previstas. ¿Cómo va el plan?


En marcha. El esfuerzo está concentrado en un 80% en la oferta ilegal y un 20% en la legal. Cada vez tenemos más unidades bajo el radar y más personal para actuar. La prioridad es ser eficaces y mandar una señal clara: se acabó la tolerancia con el fraude.


¿Qué papel tienen los ayuntamientos y la ciudadanía en este control?


La ciudadanía es clave: hemos lanzado una campaña con el mensaje “la mejor forma de proteger nuestra cultura es no realizar alquiler ilegal”. Tenemos un call center que recibe más de mil llamadas al mes y trasladamos esas denuncias a los inspectores. Con los ayuntamientos trabajamos para que la Policía Local colabore, sobre todo en comprobar que se cumple el cese de actividad y aplicar multas coercitivas si no es así. Si hace falta, incluso podemos llegar a la Fiscalía por desobediencia.


¿Cómo imagina el turismo en Mallorca dentro de diez años?


Un turismo que conviva con los residentes en equilibrio. No olvidemos que la población de Mallorca ha crecido un 46% desde el año 2000, y seguirá creciendo. Eso supone presión, pero también oportunidades. Me gustaría un modelo donde el turismo siga siendo un ascensor social, pero dentro de un marco sostenible y diversificado, con sectores como la tecnología ganando peso. El futuro pasa por gestionar bien la convivencia y aprovechar la actividad turística como palanca para mejorar toda la economía de las islas.


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