La sostenibilidad social como antídoto frente a la desigualdad y la exclusión.

La definición clásica de desarrollo sostenible habla de “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras”. Durante años hemos asociado esa idea casi exclusivamente a reciclar más, reducir emisiones o consumir menos plástico. Todo eso es imprescindible, sí, pero si en ese futuro más verde seguimos teniendo gente sin casa, sin trabajo digno o sin acceso a lo básico, cuesta sostener que estemos hablando de una sostenibilidad completa.

La sostenibilidad se apoya en tres patas inseparables: el planeta, la economía y las personas. En el mundo anglosajón se resume con las tres “P”: planet, profit, people. Durante mucho tiempo hemos mirado mucho al planeta y, a veces, demasiado al beneficio económico, dejando en segundo plano a las personas. La sostenibilidad social viene precisamente a recordar que sin equidad, justicia y cohesión social, el resto del edificio se tambalea.

Hablamos de sostenibilidad social cuando una sociedad es capaz de avanzar sin dejar a nadie atrás. Significa garantizar el acceso a lo básico —alimentación, agua, salud, vivienda, educación, protección social—, pero también asegurar trabajo decente, igualdad de género, ausencia de discriminación, participación ciudadana y una vida libre de violencia. No se trata solo de que la economía funcione, sino de que funcione para todas las personas y no a costa de algunas.

El modelo de la “economía del donut” ayuda a visualizarlo muy bien. En el anillo interior están los mínimos sociales que cualquier persona debería tener garantizados: alimento, agua, salud, vivienda, energía, educación, renta y trabajo, igualdad, voz política y equidad social. En el anillo exterior aparecen los límites ecológicos del planeta: clima estable, biodiversidad, océanos sanos, aire respirable o suelos vivos. El espacio justo y seguro para la humanidad está en medio: ni por debajo de esos derechos básicos ni por encima de los límites ambientales. La sostenibilidad social consiste, en buena medida, en evitar que nadie caiga en ese agujero.

Llevada a la vida cotidiana, tiene muchas caras. Es la camarera de hotel con un contrato estable y un salario que le permite vivir, y no solo sobrevivir. Es la persona mayor que puede desplazarse en transporte público accesible para ir al centro de salud. Es el niño que no abandona la escuela porque su familia cuenta con apoyo. Es el barrio donde hay parques, bibliotecas, centros cívicos y espacios para encontrarse. Es también la empresa que revisa su cadena de suministro para asegurarse de que no hay explotación laboral en ningún eslabón.

En el ámbito empresarial, esta dimensión suele aparecer bajo la “S” de los criterios ESG: condiciones laborales dignas, igualdad salarial, diversidad e inclusión, salud y seguridad en el trabajo, respeto a los derechos humanos e impacto positivo en la comunidad. Las compañías que se lo toman en serio no solo mejoran su imagen: también atraen talento, reducen riesgos y construyen valor a largo plazo.

En Baleares, esta idea cobra una importancia especial. En un territorio como Baleares, donde conviven la presión turística, el encarecimiento de la vivienda y la dependencia de sectores muy estacionales, la sostenibilidad social no es un complemento del debate ambiental, sino una condición imprescindible para que cualquier transformación sea realmente justa.

También aquí existen iniciativas que demuestran que no hablamos de una teoría abstracta. Proyectos como los impulsados por la Fundació Deixalles, que recuperan materiales descartados para darles una segunda vida y generar empleo inclusivo; programas de economía social y circular promovidos en las islas, que vinculan reutilización y transformación de residuos con oportunidades laborales para personas vulnerables; o experiencias como las de Esment, que conectan gestión forestal, producción local e inclusión social, muestran que es posible combinar economía, cuidado del territorio y justicia social. Son ejemplos reales de cómo poner a las personas en el centro sin desligarlas del entorno que habitan.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas también ayudan a entender esta mirada. Acabar con la pobreza, garantizar salud y educación, lograr la igualdad de género, asegurar trabajo decente o reducir desigualdades son metas inseparables de la agenda ambiental. Un plan climático que no contemple qué ocurre con los trabajadores de sectores en transformación, o con las familias que no pueden asumir el coste de la energía, es un plan incompleto.

La sostenibilidad social no depende solo de gobiernos o grandes organizaciones. También se juega en decisiones cotidianas: elegir productos de empresas que respetan los derechos laborales, apoyar proyectos de economía social, participar en asociaciones de barrio, exigir transparencia a las instituciones o cuidar los espacios comunes. La economía circular no consiste únicamente en reciclar materiales; también puede significar hacer circular oportunidades, riqueza y bienestar dentro del territorio.

En las políticas públicas, la agenda pasa por salarios dignos, vivienda asequible, educación de calidad, protección social efectiva, servicios de salud accesibles y apoyo a la infancia, a las personas mayores y a quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad. No se trata de construir sociedades perfectas, sino de reducir injusticias y ampliar las posibilidades de que cualquiera pueda desarrollar su proyecto de vida.

En un contexto de crisis climática, conflictos y desigualdad, la sostenibilidad social es también una cuestión de estabilidad. Las sociedades muy desiguales, con barrios enteros sin oportunidades, son más frágiles, más polarizadas y más expuestas a la ruptura. Apostar por la cohesión social no es solo un gesto ético: es también una inversión en convivencia.

Por eso, cuando hablamos de “transición ecológica justa”, la palabra decisiva es esa: justa. No basta con cambiar la tecnología si no cambia también la forma de repartir costes y beneficios. La pregunta no es solo cuántas emisiones evitamos, sino quién gana y quién pierde con cada decisión. Una ciudad más sostenible no es solo la que tiene más zonas verdes, sino también la que garantiza alquileres que no expulsan a sus vecinos, ofrece transporte público accesible y seguro, y escucha a quienes la habitan.

La buena noticia es que la sostenibilidad social no es un añadido ni un lujo, sino el hilo que puede coser todas las demás piezas. Un turismo más responsable, una agricultura más resiliente o unas ciudades más verdes solo serán verdaderamente sostenibles si se piensan desde las personas que viven y trabajan en esos lugares. Poner la vida en el centro no es un eslogan: es la condición para que cualquier agenda de sostenibilidad tenga sentido.

Al final, la pregunta que plantea la sostenibilidad social es sencilla y radical a la vez: ¿queremos un futuro solo más verde o un futuro más habitable para todos? La respuesta exige cambiar la mirada y recordar que detrás de cada indicador hay vidas, historias y derechos. Solo así la sostenibilidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una forma real de cuidar el presente sin hipotecar a nadie.