"Ibiza es la primera región de España que ha eliminado toda la oferta ilegal"

Mejora del Destino

El conseller Mariano Juan explica cómo el ITS financia la lucha contra el intrusismo.

Mariano Juan Colomar es vicepresidente primero del Consell d’Eivissa y conseller ejecutivo de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo. Con formación en Derecho y una trayectoria vinculada al urbanismo, ha situado la regulación turística como una de las prioridades de su gestión. En esta entrevista repasa las medidas que se están aplicando en Ibiza para garantizar la convivencia y la sostenibilidad en un destino sometido a una fuerte presión demográfica y estival.

¿Qué entendemos hoy por turismo sostenible en Ibiza?


Es un concepto que conjuga varias cuestiones. La sostenibilidad, por sí sola, es abstracta y no debe servir para asfixiar a los sectores económicos. Pero tampoco los sectores económicos pueden ir al libre albedrío en una isla con territorio y recursos finitos. La clave es añadir factores correctivos de sostenibilidad ambiental, económica y social a nuestra principal actividad, que es el turismo, para que pueda perdurar en el tiempo como fuente de bienestar.


¿Cuál es el principal reto de la isla?


Hay muchos retos, pero casi todos beben del mismo factor, que es el factor demográfico. En España se habla de la España vaciada, pero en realidad habría que hablar de una España trasladada: si hay zonas que se vacían, hay otras que se llenan. Ibiza es una de ellas. Cada año aumenta la población, no solo de manera vegetativa, sino porque vienen personas a trabajar y a desarrollar su vida aquí. Eso genera tensiones en vivienda, movilidad, agua, residuos y también en la lucha contra el intrusismo.


En esa lucha contra el intrusismo, ¿cómo ha ayudado el Impuesto de Turismo Sostenible?


Ha sido clave. El ITS financia una partida de 4 millones de euros para combatir el alquiler turístico ilegal: dos millones para el Consell y dos para los cinco ayuntamientos. Además, incluye la colaboración con plataformas de alquiler como Airbnb, que tiene el 90% del mercado, y también Booking, Vrbo o Holidu. Con este plan de choque, Ibiza es la primera región de España que ha conseguido eliminar de las plataformas todos los anuncios que no cumplen la normativa.


¿En qué se traduce esta medida?


Hoy hay 2.900 anuncios ilegales menos y 14.500 camas turísticas menos que hace un año. Eso supone 2.000 turistas menos de media diaria en alojamientos ilegales. Al mismo tiempo, en la oferta reglada hay 5.000 turistas más al día. Hemos cuadrado el círculo: menos presión humana y más ocupación legal. Eso significa que 7.000 personas que pernoctaban en alojamientos ilegales ahora ya no lo hacen. En total, un millón de pernoctaciones ilegales se han eliminado.


Además del intrusismo, también mencionaba vivienda, agua y residuos. ¿Qué avances hay?


En vivienda, el Govern balear, que es la administración competente, trabaja en desbloquear suelos urbanos y en la colaboración público-privada para construir viviendas a precios tasados. En agua, hablamos de aumentar la capacidad de desalación y, sobre todo, de reutilización. El año que viene se instalarán dos plantas potabilizadoras para reutilizar aguas depuradas y, además, se han invertido más de 20 millones, entre el Consell y los ayuntamientos, en reducir fugas y aumentar la eficiencia hídrica. En residuos, hay un proceso participativo abierto en el que intervienen colectivos, asociaciones ecologistas y la ciudadanía en general para decidir el modelo de futuro de la isla, incluida la incineración dentro o fuera de la isla. Y en movilidad, hemos conseguido dos grandes hitos: este noviembre se estrena un nuevo contrato de transporte público con un 50% más de cobertura y dos tercios de autobuses eléctricos, además de la ley que limita la entrada de vehículos.


¿Cuál es el siguiente paso en la lucha contra el intrusismo?


Ahora la idea sería abrir una segunda fase en la que tenemos que hablar de temas como la gestión del reto demográfico y de esos flujos que inciden en la generación de residuos, la movilidad, la gestión del agua y la demanda de vivienda. Además, tras reducir la huella del alquiler ilegal y reforzar la oferta reglada, queremos comprobar de manera más precisa los datos de las plataformas, controlar cifras falsas y ampliar el foco a plataformas más pequeñas. Tenemos que gestionar no solo el turismo, sino también el impacto del crecimiento demográfico en residuos, agua, movilidad o vivienda.


¿Cómo se coordinan con los ayuntamientos?


Desde la Mesa contra el Intrusismo, creada este año. Es un espacio único y novedoso en España que reúne a todas las administraciones, al sector privado y a las plataformas. Gracias a este trabajo y a la colaboración público-privada, se han retirado los anuncios ilegales. Los ayuntamientos también reciben fondos del ITS para ampliar plantilla, contratar equipos de inspección, para las aplicaciones de las nuevas tecnologías… siempre bajo coordinación del Consell.


Usted ha defendido que es mejor regular que prohibir. ¿Cómo se traduce esto en la práctica?


Habría sido fácil culpar a las plataformas de todo, pero eso no habría resuelto nada. Lo que hemos conseguido ha sido fruto de acuerdos, no de prohibiciones. Lo mismo con el Plan Territorial Insular: regula los usos turísticos en el campo tras más de 40 reuniones con asociaciones y colectivos. Ahora estamos redactando el PIAT, que marcará la ordenación turística de zonas maduras y actividades. Regular es más complejo de explicar y no da titulares inmediatos, pero es mucho más eficaz.


¿Qué modelo turístico le gustaría ver en Ibiza dentro de 50 años?


Un sector orgulloso de sí mismo, que genere empleo y riqueza, y que sea sostenible en el tiempo. No se trata de vivir unos años “haciendo caja” y después reventar el sistema. Se trata de que el turista que viene tenga una experiencia satisfactoria y de que el residente viva en equilibrio, sin carencias y sin culpar al turismo. Hay que gestionar los problemas estructurales, porque no vienen solo del turismo, sino de la falta de políticas a largo plazo.


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